CONAPREV REVELA OMISIÓN DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA PERSONAS BAJO CUSTODIA
El Informe Anual a la Nación 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV) expone múltiples situaciones de vulneración de derechos humanos en instituciones bajo control estatal, atribuyendo responsabilidad directa o por omisión al Estado hondureño en casos críticos que afectan a personas privadas de libertad, adolescentes infractores, adultos mayores y pacientes psiquiátricos.
Uno de los hechos más alarmantes reportados es la muerte de dos menores en el Centro Pedagógico de Internamiento (CPI) Nuevo Jalteva, bajo custodia del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI). El MNP-CONAPREV solicitó una investigación a la Fiscalía de Derechos Humanos, advirtiendo que las muertes podrían ser ilícitas, al haberse producido en instalaciones estatales.
Además, se documentaron requisas sin protocolos, destrucción de pertenencias de menores y una ingobernabilidad preocupante en los centros juveniles, que impidió el ingreso a módulos para verificar condiciones básicas de vida y seguridad.
En el sistema penitenciario, el informe revela una sobrepoblación de más de 4,000 personas, y la suspensión colectiva de visitas familiares como medida punitiva, vulnerando el derecho a la integridad emocional de los internos. Se registró un total de 263 denuncias por violaciones a derechos humanos en 2024, siendo el derecho a la integridad personal el más afectado (39.2%). La Policía Militar del Orden Público fue señalada como la autoridad más denunciada, acumulando 180 casos.
Este documento también denuncia que el presupuesto del CONAPREV fue trasladado de manera inconsulta a otra secretaría, lo que violenta su independencia y entorpeció la contratación de personal clave, como auditores, oficiales de monitoreo y conductores, debilitando su capacidad operativa.
En el ámbito sanitario, el informe evidencia que hospitales psiquiátricos como Santa Rosita y Mario Mendoza albergan pacientes judiciales sin seguimiento legal y en condiciones de abandono, incluso después de haber recibido el alta médica. La falta de infraestructura de seguridad y personal expone a pacientes y trabajadores a riesgos graves.
Sobre la atención a personas adultas mayores, el CONAPREV denuncia que no existe una política pública integral ni ratificación de la Convención Interamericana sobre sus derechos, y que los hogares operan sin presupuesto ni personal suficiente, sobreviviendo gracias a voluntarios e iglesias.
"El Estado de Honduras debe asumir su responsabilidad no solo en el discurso, sino en acciones reales y sostenidas para garantizar que ninguna persona bajo su custodia sea sometida a tortura, malos tratos o abandono", concluye el informe.